El conflicto magisterial que acaba de instalarse por enésima ocasión en el Distrito Federal tiene que ver con la disputa por el rumbo de la educación pública que comenzó con el corrimiento del PRI hacia el centro político, se agudizó con los dos sexenios panistas y que el regreso del PRI a la presidencia ha revivido como la agenda de las reformas institucionales.

El problema empeoró con la reforma constitucional de principios de año, aprobada por todos los partidos políticos, porque su contenido regresó la rectoría del Estado en la educación a la SEP. En las semanas que vienen, el conflicto magisterial girará en torno a cuando menos tres puntos concretos.

1.- La evaluación del conocimiento de los profesores retornaría el control de los trabajadores de la educación al Estado y terminaría con la militancia política, ideológica y social como la forma de permanencia de los maestros en sus cargos. El mecanismo de la evaluación obligaría a los maestros a depender nuevamente de la SEP y dejarían de ser controlados por las secciones sindicales disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

2.- La reforma educativa, de modo natural, también regresó a la SEP el manejo de las relaciones laborales en la educación. Los últimos sexenios del PRI en el poder y los doce años del PAN en la presidencia permitieron la existencia de una estructura sindical bizarra: el SNTE como titular del contrato colectivo de trabajo pero relaciones especiales de los gobiernos estatales con unas cuantas secciones sindicales disidentes del SNTE. Legal, jurídica y laboralmente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en realidad no existe. Para tener personalidad jurídica propia, las secciones del SNTE afiliadas a la CNTE tendrían que separarse de la estructura del SNTE y solicitar su reconocimiento como sindicato estatal. Cómodamente, las secciones de la CNTE esperan la negociación anual de la SNTE y luego presentan un pliego petitorio adicional a los gobiernos estatales, beneficiándose con una doble negociación.

3.- Por razones de lucha, la Sección XXII de Oaxaca se ha convertido en el buque insignia de la CNTE y el pliego petitorio estatal se ha convertido en la hoja de demandas de la CNTE. La lucha magisterial en Oaxaca se remite a la crisis de finales de 1979 y sobre todo a la minuta firmada en octubre de 1992 entre el gobierno estatal priísta de Heladio Ramírez López con la dirigencia de la XXII, a través de la cual se hicieron concesiones para entregarle a la sección sindical injerencia en la designación de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y en la definición del rumbo de la educación.

La reforma educativa promovida por el gobierno de Peña Nieto y sobre todo el encarcelamiento de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, fueron dos de las principales decisiones institucionales para regresarle al Estado la rectoría de la educación que se había perdido en los pasadizos del poder del SNTE, los estilos de Gordillo de ceder autonomía a las secciones disidentes para que no se fueran del sindicato y la organización militante de los maestros disidentes en organizaciones sindicales de lucha por espacios de poder en la educación y no por el mejoramiento de la calidad educativa.

La federalización de la educación en 1992 como primer paso del gobierno de Salinas para intentar poner orden careció de tiempo político para ir más a fondo y dependió del entonces titular de la SEP Ernesto Zedillo, quien en 1994 sería el candidato sustituto después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. La política educativa del gobierno de Zedillo pasó a tercer plano porque la atención se centró en la crisis económica derivada de la devaluación de diciembre y en la reforma política pactada con los partidos a cambio de apoyo a las duras decisiones económicas.

Los dos sexenios panistas mantuvieron las cosas en el limbo y la educación quedó debajo de la alianza político-electoral de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con la estructura política y de poder de Gordillo-SNTE. La falta de un proyecto de transición política y de reforma de la estructura priísta de poder permitió la acumulación de contradicciones a lo largo del periodo 1992-2013, de la reforma educativa salinista al arresto de la maestra Gordillo.

Nacida en 1979 como grupo en defensa de la democracia sindical y la lucha salarial y como lucha contra los cacicazgos magisteriales, la CNTE fue perfilando una estructura política más allá de la educación y más centrada en una agenda de beneficios gremiales. La reforma educativa del presidente Peña Nieto sorprendió a la CNTE porque la evaluación regresó el control de los maestros a la SEP y se lo quitó a los liderazgos sindicales y llevó la lucha magisterial no a la calidad sino a la disputa por el poder sindical magisterial.

Pero el problema de la CNTE es su falta de personalidad jurídica y sindical y su incapacidad para luchar contra la estructura del SNTE, por lo que decidieron operar en el territorio que dominan: las presiones en las calles con manifestaciones, los paros ilegales que afectan la calidad educativa de los educandos y sobre todo las provocaciones de violencia para enarbolar “víctimas de la represión”.

Sin embargo, las demandas de la CNTE aparecen simplemente como incumplibles porque el gobierno y los partidos que aprobaron la reforma de 2013 no pueden abrogarla sólo para beneficiar a las secciones sindicales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Por eso el gobierno federal le apuesta al factor tiempo porque un paro de labores educativas no puede afectar al año escolar. Mientras no se independice del SNTE, el CNTE carecerá de personalidad para hablar de educación con la SEP. Así de simple.